Los gendarmes que participaron del operativo sobre la ruta nacional 40 en Esquel, clave para analizar la desaparición de Santiago Maldonado, ya fueron interrogados. Pero no por la Justicia.
El Ministerio de Seguridad les tomó declaración a 72 miembros de la fuerza a mediados de agosto con una metodología cuestionada, según publicó La Nación.
Dos días después de la desaparición de Maldonado, la ministra Patricia Bullrich ordenó una "investigación interna" para determinar si los gendarmes que participaron del operativo cometieron "excesos" durante el procedimiento.
En estas entrevistas grabadas -realizadas por un psicólogo social- les preguntaron reiteradamente por Maldonado, incluso con advertencias sobre la necesidad de contestar la verdad en los interrogatorios, según se desprende de un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que forma parte del expediente judicial.
Uno de los diálogos más llamativos ocurrió el 16 de agosto, cuando el director del departamento de Psicología Social, Daniel Barberis, entrevistó a un suboficial que estaba el día de la protesta en la casilla de Gendarmería donde habrían estado demoradas dos mujeres.
El gendarme -cuyo nombre se reserva por seguridad- le había comentado sobre un hecho ocurrido ese mismo día, cuando supuestos integrantes de una organización de derechos humanos solicitaron ingresar a la casilla de Gendarmería en Esquel mientras reclamaban por un detenido, en referencia a Maldonado.
El psicólogo Barberis le preguntó al gendarme qué le dijeron estas personas, pero después insistió: inquirió si había tenido diálogo con las mujeres detenidas; también preguntó y repreguntó sobre "los manifestantes que cruzaron el río". La respuesta de los gendarmes en esta y en el resto de las entrevistas fue negativa: nadie reconoció siquiera haber escuchado de Maldonado antes de su desaparición.
"Es posible que hayan sido un poco intensos los interrogatorios, pero el caso tiene una gravedad institucional. Nosotros, como autoridad política, necesitamos esclarecer esto porque la sociedad lo reclama. El caso necesita ajustar todos los controles que tiene el Estado para llevar tranquilidad", aseguró Gonzalo Cané, secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad.
Otro ejemplo se desprende del informe judicial. Cuando los funcionarios interrogaron a los gendarmes que estuvieron en el camión en el que se sospecha pudo haber estado Maldonado, las autoridades les recordaron las conjeturas que analiza la Justicia y los posibles delitos que esto implicaría.
"La informalidad de la investigación es tal que aparecen múltiples entrevistas al personal que participó del operativo sin ningún tipo de resguardo legal, llegándose al extremo de producirse diálogos donde el entrevistador le recuerda al entrevistado que debe decirle la verdad, y en algún caso describiéndole incluso una supuesta conducta ilícita en la que el entrevistado habría tomado parte", advierte el informe de la PIA, que responde a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Desde Seguridad ratificaron que se trata de una "investigación informal" porque el sumario administrativo es realizado directamente por la Gendarmería. "Es un trabajo al sólo efecto de determinar si los gendarmes incurrieron en violencia institucional. Para saber si se cometió algún exceso", aclaró Cané.
La ministra Bullrich envió el 28 de agosto a la Justicia una "carpeta" realizada por la Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional con 153 fojas acompañadas por un pen-drive con fotos, audios y videos. La "carpeta" fue calificada por el Ministerio Público Fiscal como "un manojo de papeles que no se corresponden con una investigación administrativa".
A 40 días de la desaparición de Maldonado, la hipótesis más firme que investiga la Justicia involucra a Gendarmería. Por eso está previsto que el juez Otranto les tome declaración la semana entrante a los agentes que participaron del operativo tal como hizo Seguridad en la "carpeta" interna que ya forma parte del expediente.
