La fiscal Gisela Oñuk, que actúa en el caso que investiga la desaparición de Maira Benítez, informó que aún no fue resuelto el pedido elevado al Juzgado de Garantías para declararse incompetente y que la causa pase al fuero federal, debido a que se amplió la acusación por delito de trata de personas a dos de los imputados.

La fiscal de investigación, quien trabaja en forma conjunta con la fiscal de Cámara, la Dra. Silvana Rinaldis, esta última coadyuvante en la causa, recordó que tras la evaluación del total de los 35 cuerpos que tiene el expediente, se les amplió la acusación y se le agregó el delito de trata de persona a dos de los imputados por, hasta ese momento, el delito de privación ilegítima de la libertad.

Y explicó que al tener dos de los detenidos imputados por dos delitos distintos, “uno de instancia ordinaria y uno de instancia federal”, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 31 dispone que cuando una persona se le imputa un delito ordinario y un delito de instancia federal, le compete juzgar a la instancia superior; o sea, al juzgado federal.

“Como hicimos esa ampliación y en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal esta fiscalía peticionó al Juzgado de Garantía la declaración de incompetencia y es donde actualmente la causa se encuentra radicada, en el Juzgado de Garantía para resolver la petición que hizo la Fiscalía”.

Dicho esto, reiteró que la petición debe ser resuelta por el juez de Garantía, y “si da lugar a la petición se remitirá al Juzgado Federal que por competencia corresponde a Sáenz Peña, y si no corresponde seguiremos actuando nosotros”, aclaró Oñuk en declaraciones al medio Radio Ciudad.

Lo hecho a lo largo de la causa

Respecto de las acciones concretas desde armada la causa, la fiscal Oñuk habló de una investigación muy profunda, “exhaustiva”. Recordó que tomó intervención en febrero, tras la inhibición del fiscal Sergio Ríos “por violencia moral”, lo que le correspondía por orden de subrogancia y que fue acopetado así por el procurador General Jorge Canteros.

Señaló que en la causa, que inició el 17 de diciembre de 2016 cuando la madre de Maira, Antonia Leiva, denunció su desaparición; se activaron “todos los protocolos de actuación policial en materia de desaparición de personas, que está regido por la ley provincial 6285 del 2008”. Y aseguró que, “independientemente del pedido que se le hizo al Juzgado de Garantía de incompetencia”, esas acciones se mantienen en plena vigencia.

“La búsqueda de esta chica está insertada tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y se trabajó mucho con la Oficina de Búsqueda de Personas que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Se hicieron todos los pedidos de inserción de búsqueda de Maira Benítez a nivel nacional y también se pidió la búsqueda a nivel internacional que se arbitró por intermedio de Interpol”, informó la fiscal.

También se libró oficio a la Policía Federal y Gendarmería Nacional, “solicitando la colaboración y la inserción de la búsqueda del paradero de Maira”; se pidieron informes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), “para ver si en algún punto del país esta chica pudo haber sacado algún pasaje o haberse trasladado a otra provincia o país”.

Se trabajó también con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, “pidiendo informe a la Dirección Nacional de Migraciones para ver si en alguna parte del país solicitó algún trámite de documento, de pasaporte”. Y se pidió informe al Registro Nacional de las Personas.

Reiteró que las tareas con la Oficina de Búsqueda de las Personas, que depende del Misterio de Seguridad de la Nación, “fueron muchas”. Y contó que “a través de ellos implementamos en su oportunidad un trabajo específico con un geo- radar que trajo Gendarmería de Buenos Aires y se trabajó en el campo donde residía uno de los imputados que tenemos en la causa”.

Habló de múltiples rastrillajes; allanamientos en zonas urbanas, rurales y aledañas a Villa Ángela; numerosas testimoniales, incluso a personas de otras nacionalidades. Mencionó informes a Peajes, a distintas Cámaras de Seguridad, a empresas de transporte; de pericias a los teléfonos de todos los detenidos, “que procedimos a secuestrar y que se mandó a que se analice por el Sistema del área informático del Superior Tribunal de Justicia”. Añadió a esta información, las pericias psicológicas, psiquiátricas y sobre el automóvil en que andaba la noche previa Maira con las personas que había salido y entre esas un montón de medidas que estamos desarrollando a lo largo de todo este tiempo”.

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