El Ministerio de Seguridad y Justicia continúa adelante con el concurso abierto para cubrir los cargos de director/a de Control Policial y director/a de la Defensoría del Policía. Las y los profesionales interesados deben pasar una etapa de Evaluación de Antecedentes, antes de formar parte de estas áreas del Estado.

Los cargos figuran en la Ley Orgánica de la Policía del Chaco (2011-J), y están cubiertos de forma interina por Gustavo A. Ferreyra -a cargo de la Dirección Defensoría del Policía- y Leandro F. Arrudi -a cargo de la Dirección Control Policial.

La Dirección de Control Policial tiene como objetivo velar por el cumplimiento efectivo de reglamentos y disposiciones en la Policía del Chaco. Los miembros de la oficina cumplirán con la tarea de identificar, investigar y juzgar conductas contrarias a la norma, así como también de evaluar el desempeño funcional y de impacto de dependencias o unidades de la Policía del Chaco.

La figura del Defensor del Policía contempla a un funcionario civil sin estado policial que tendrá como función intervenir de oficio, por denuncia o simple reclamo de algún particular para garantizar la defensa, protección y promoción integral de los Derechos Humanos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal policial de la provincia.

Para ocupar los puestos, las y los interesados se inscribieron en el Sistema de Concursos y Convocatorias Internas, adjuntando documentación que acredita sus antecedentes. No pueden acceder a cargos de la Dirección de Control Policial quienes hayan sido miembros de fuerzas armadas, o quienes estén sometidos a proceso o hubieran sido condenados por violaciones a derechos humanos.

Luego de que el Tribunal Examinador califique los antecedentes de formación, conocimientos, habilidades específicas y experiencias laborales según el perfil requerido, cada postulante rendirá un examen teórico práctico anónimo, y luego pasarán a un coloquio donde se establece el contacto personalizado.

La institucionalización de estas direcciones es parte de las políticas públicas presentadas por el Gobierno provincial con el fin de afianzar la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales y colectivos del personal de la Policía del Chaco, así como garantizar el control civil de su función como trabajadores y trabajadoras policiales.


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