Por Vidal Mario* - Hay gente que cree que los archivos simbolizan lo viejo, lo fuera de uso, lo que es candidato para el descarte.
Quien crea que los archivos simbolizan lo viejo, lo fuera de uso, lo que es candidato para el descarte, debería darse una vuelta por el Archivo General del Poder Judicial y por el Archivo Histórico de la provincia. Les ayudaría a replantear su concepto sobre los mismos.
No sé mucho sobre la historia del Archivo Histórico “Monseñor José Alumni”, de la provincia, que sin duda es meritoria.
Estoy más interiorizado, por haber dedicado 26 años de mi vida laboral a la justicia provincial (fui fundador de la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia, en 1988), de la historia del Archivo General dl Poder Judicial del Chaco.
Hablo de una institución en cuyos anaqueles conviven admirablemente millares de documentos del pasado y del presente. Para los escritores, periodistas e investigadores, los documentos que allí se guardan están lejos de ser letras muertas.
En sus estanterías, un investigador puede encontrar documentos sobre horrendos episodios de la historia chaqueña, pero también documentos sobre hechos si se quiere risueños, como un juicio por el hurto de un loro llamado “Arturo de Oro”.
Es comprensible, por ello, que por allí hayan pasaran largas horas en conexión con el pasado pasado Guido Miranda, Ramón Tissera y Carlos López Piacentini, entre otros investigadores.
Fue justamente en el Archivo del Poder Judicial del Chaco donde en 1999, setenta y cinco años después de la masacre de Napalpí, encontré el expediente de la causa judicial iniciada tras ese asesinato colectivo de aborígenes chaqueños.
Tiempos de tinta china y plumín
Fue creado en 1953 por el primer gobierno provincial para guardar protocolos de escribanos, de jueces de Paz y documentaciones civiles, penales y laborales.
Desde aquellos tiempos de tinta china, plumín y secante hasta esta actualidad signada por la magia de la cibernética, el Archivo del Poder Judicial ha logrado ir desarrollando una historia institucionalmente apasionante.
Hasta donde sé, también allí todavía están, en notable estado de conservación, resoluciones de los juzgados de Paz de Puerto Bermejo y La Sabana de los años 1895 a 1899.
Incluso, allí está una escritura firmada el 16 de noviembre de 1885 por el escribano Juan A. López. Un testimonio de dicha escritura fue obsequiado al Colegio de Escribanos y hoy se encuentra, debidamente enmarcada, en su Salón de Actos.
Allí también podrá encontrarse expedientes criminales que datan de 1890 a 1910, tiempos en que era habitual que los jueces dispusieran el “engrillado” de los condenados.
En noviembre del año 1953, el gobernador Felipe Gallardo autorizó su creación asignando para su funcionamiento una casa ubicada en la calle Colón al 46.
Allí llevaron todos los expedientes de la extinguida justicia del Territorio Nacional del Chaco, entre ellos los relacionados con el asesinato de la condesa Alice Le Saige y la masacre de Napalpí.
Al fondo de ese edificio en deplorable estado de conservación existía una no menos destartalada habitación que de Sala de Armas, pero también de criadero de ratas.
Allí estaban, amontonados, despidiendo terrible olor, pruebas de delitos y materiales inimaginables enviados por la justicia criminal. Tan nauseabundo era el olor que cierto día un personal de maestranza llamado Mariano Acevedo armó una fogata donde fueron a parar todos esos efectos malolientes.
Menos mal que nadie reclamó nada. “Sino, íbamos todos en cana”, recordaría muchos años después una de protagonista de aquel acto incendiario.
A principios de la década del 60 el archivo seguía funcionando en aquel mismo, calamitoso, edificio, aunque técnicamente estaba algo más organizado.
Sus autoridades habían pedido a todas las provincias argentinas material relacionado con archivos, e incluso se suscribieron a la revista de la Asociación Archivística Argentina, cuyos escritos sirvieron para abrir nuevos campos de acción.
Comenzaron a clasificar los expedientes y agruparlos en legajos y fichas que llenaron varios ficheros giratorios. También acopiaron innumerables protocolos de escribanos, diarios y revistas.
Un Archivo con usurero propio
En 1962, con ayuda de soldados y camiones del Ejército, el Archivo se mudó a la planta baja de Alberdi 319.
En 1965, también con apoyo de soldados del ejército y de vehículos de la empresa que estaba construyendo el edificio del Instituto de Previsión Social (I.P.S, hoy InssseP) hubo otra mudanza.
El nuevo destino (Colón 182) se trataba de un edificio con planta baja, dos pisos y un entrepiso, todo antiguo y con un estado de conservación deprimente.
Afortunadamente encontró un alma caritativa en el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, arquitecto Enrique Gómez, apodado “Gardelito”, quien dispuso remodelar el inmueble.
Cada destino ofrecía sus propias anécdotas. Este último destino no podía ser la excepción.
En los fondos del obsoleto inmueble existía una habitación con rejillas en el techo, por donde se filtraba un insoportable olor a cloaca y donde trabajaba un empleado al que le gustaba estar sólo y no quería que sus compañeros lo molestaran.
No obstante, debía ser muy querido, a juzgar por las continuas visitas que recibía.
Pero un día se descubrió que el solitario empleado se dedicaba a la usura y que utilizaba aquella pieza con olor a cloaca como oficina para sus operaciones de prestamista.
En 1986, sobrevino una tercera mudanza, esta vez, a Belgrano 159. Éste local sí era bueno: espacios aireados, cómodos, lugares aptos guardar las documentaciones que ingresaba, buenas instalaciones sanitarias y cocina adecuada.
Ese mismo año se realizó en el Archivo General de la Nación un congreso nacional sobre la materia, donde los representantes del Archivo Judicial del Chaco presentaron un meritorio trabajo vinculado con la Archivología Judicial.
El hecho de que el jurado ubicara el trabajo de los chaqueños en primer lugar le otorgó tanta relevancia que años después seguían recibiéndose pedidos de informes de otras provincias sobre aquella ponencia.
Otro salto notable para el Archivo fue su mudanza, en 1995, a un edificio ubicado sobre la calle Arbo y Blanco. Igualmente, relevantes fueron las sucesivas inauguraciones de delegaciones suyas en distintas localidades del interior de la provincia.
Patrimonios históricos y culturales
En el año 2018, una significativa parte del acervo histórico del Archivo Judicial fue traspasada al igualmente muy importante Archivo Histórico de la provincia.
Eran, en total, 56 cajas tipo oficio conteniendo expedientes históricos sobre bandidos rurales, juicios resonantes de conocidos personajes, el asesinato de la condesa Alice Le Saige, causas judiciales relacionadas con la estación francesa de ferrocarril, el diario “La Voz del Chaco” y la masacre de Napalpí, entre otros.
El gobernador Leandro Zdero y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Emilio Del Río, ya autorizaron el traspaso de más documentos históricos.
El Archivo Histórico de la provincia está organizando un equipo que se trasladará al del Poder Judicial para un trabajo de clasificación de más documentos que próximamente también pasarán a la órbita del Archivo Histórico.
Como investigador, aplaudo esta medida. En tiempos en que el Archivo Judicial era conducido por la escribana Lucrecia Morgan de Schanton, todo investigador podía ir allí a revisar libremente esos expedientes que hoy forman parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia.
Después, ese libre acceso se terminó. Sin ir más lejos, en cierta ocasión el Superior Tribunal de Justicia me denegó el acceso a uno de esos expedientes
Afortunadamente, “en tiempos” de Lucrecia Morgan de Schanton, una escribana con alma de periodista y escritora, pude sacar datos de los siguientes expedientes:
Cooperativa Ministro Lebreton s/irregularidades (1885); Enrique Favre y Cía s/ Soc. de Minería (1892); Condesa Alice Lesaige, asalto a su establecimiento (1899) y juicio sucesorio (1899); Familia Melagrani, ataque de indios tobas (1921); asesinato de la familia Ríboli (1921); Sublevación de Napalpí (1924), Carmelo Candelero s/homicidio (1932); Colonia Regional para dermatosos en Isla del Cerrito (1933); Dielrolf Gotleb s/ acorazado alemán “Admiral Graff Spee” (1940); Beretta, Eduardo c/Mario gabardina s/querella por calumnias e injurias (1941); Familia Kieffel s/ homicidio (1945); incendio de la fábrica Rossi e Hijos de La Liguria (1942); el suicidio en Resistencia de un sobrino del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt (1936); Ana María Carauni s/homicidio (1945); todos los expedientes relacionados con los hechos delictivos cometidos por Mate Cocido, el “Tata Miño”, “Zamacola Chico” y, más adelante en el tiempo, Isidro Velásquez; homicidios de Carlos Antonio Moglia y Lorenza Canteros de Moglia (1960); Castells, Ramón A. s/denuncia violación deberes funcionario público (1967) y el ya mencionado hurto del loro “Arturo de Oro” (1973).
(*) Periodista, escritor, historiador
