La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue apartada del expediente donde se investiga el accionar de una supuesta asociación ilícita integrada por funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados que habrían robado cargamentos de cocaína y que extorsionaban a familiares de narcotraficantes.

La banda, según el trámite de la causa, estaba liderada por el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan.

Así lo informaron fuentes judiciales. La decisión de apartar a Arroyo Salgado fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín al hacer lugar a una recusación presentada por la defensa de Maximiliano Jarisch, que hasta que se desató el escándalo cumplía funciones como secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan.

Fuentes judiciales explicaron que la resolución del tribunal de alzada no está firme porque puede ser apelada por las querellas y el Ministerio Público Fiscal.

Es un fallo absolutamente arbitrario porque reproduce argumentos de otro juez que no había resuelto sobre el fondo de la cuestión. O uno prejuzgo o el otro falló sin fundamentos. Es inédita esta decisión”, sostuvo una fuente judicial que participa de la investigación que comenzó en junio de 2016.

Jarisch y su colega Gustavo Sanvitale habían sido procesados con prisión preventiva en primera instancia por Arroyo Salgado, pero tras la apelación fueron liberados y se les dictó la falta de mérito por falta de pruebas.

La magistrada los había considerado como organizadores de la supuesta asociación ilícita.

La defensa de Jarisch recusó a la jueza Arroyo Salgado porque “al dictar el procesamiento de Adrián Baeta y Alejandro Giancarelli [otros de los supuestos integrantes de la organización] mantuvo la descripción de los hechos y el rol que le había sido atribuido a su asistido al dictar su procesamiento a pesar de la falta de mérito”.

La recusación ya había sido rechazada por el tribunal de alzada, entonces, el abogado Juan Manuel Cuesta, defensor de Jarisch, recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que decidió anular la decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento.

“Tras analizar las pautas trazadas por la instancia de revisión, ampliados los argumentos a partir de las objeciones el recusante, se rechazó nuevamente la recusación planteada, al considerar que ´de una detenida lectura del auto de mérito que sindica como representativo de la manifiesta parcialidad que acusa, no puede en modo alguno asignársele la interpretación que invoca como causal para el apartamiento de la jueza de grado´.

Sin embargo, dicha decisión, nuevo recurso de casación mediante, fue otra vez nulificada, por estimar que ´se sustentó en los mismos argumentos utilizados en su anterior intervención´”, se explicó en el fallo firmado las últimas horas por el juez Marcelo Fernández, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín.

Entones, el camarista afirmó: “Llegado el momento de expedirme nuevamente sobre el particular, habré de hacer lugar a la recusación planteada, ordenando el apartamiento de la magistrada de instrucción.

Dejando a salvo mi opinión personal sobre el tema explicitada en las dos decisiones anteriores, pero teniendo en consideración los lineamientos trazados por el Superior [la Cámara Federal de Casación Penal], en tanto sostuvo que, en el supuesto que nos ocupa, se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que “pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso´”.

El juez Fernández citó las explicaciones de la Cámara Federal de Casación Penal de que “los motivos del apartamiento invocados por la defensa [de Jarisch] analizados de forma integral y global según los estándares delineados en la materia, permiten concluir que puede existir en las partes dudas razonables acerca de la imparcialidad de la jueza recusada”.

Tras un pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la jueza Arroyo Salgado, el 1° de octubre pasado procesó a Scapolan como jefe de la supuesta asociación ilícita.

Una fuente judicial consultada sostuvo que, a pesar, de la decisión del tribunal de alzada de apartar a Arroyo Salgado “debería quedar vigente todo lo hecho hasta ahora”.

Pedido de desafuero

Scapolan no fue detenido porque tiene inmunidad de arresto por su función de fiscal (ahora está suspendido, pero conserva los fueros).

En la parte final de la resolución donde procesó a Scapolan, Arroyo Salgado había explicado que “dada la imposibilidad de proceder, en razón de los fueros e inmunidad de arresto que el imputado detenta a la fecha, habrá de diferirse hasta tanto se resuelva el desafuero del nombrado”.

La magistrada le pidió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción y/o desafuero del ahora procesado.

“Por último, no puedo dejar de mencionar que la magistrada de grado [Arroyo Salgado] al resolver el pasado 1° de octubre la situación procesal de otro imputado [por Scapolan] mantuvo la misma técnica expositiva en la que se asienta el enfoque objetivo sobre el temor de parcialidad de la parte, circunstancia que no hace otra cosa que robustecer la posición de quien pretende su apartamiento”, sostuvo el camarista Fernández en el fallo firmado ayer.

Hasta el 24 de julio del año pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia y recién fue indagado en marzo último.

“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, sostuvo el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.

La causa donde fue procesado Scapolan es un expediente que comenzó en junio de 2016 con la declaración de un testigo de identidad reservada ante el fiscal Domínguez.

“El fiscal Scapolan es el jefe de una organización compuesta por policías que se dedican a extorsionar narcotraficantes fraguando causas”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial.

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín aún debe resolver la apelación de su procesamiento presentada por Scapolan.

En la audiencia de la declaración indagatoria, en marzo pasado, Scapolan presentó un escrito donde sostuvo que la causa en su contra fue “montada desde su origen, en forma absolutamente ilícita” con el único objetivo de su persecución “por intereses espurios y designios siniestros” que todavía no pudo descubrir.

En su estrategia de defensa, Scapolan acusó a la jueza federal Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez de haber desatado una “cacería”en su contra. Además, sostuvo que es inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron.

Las acusaciones

Según lo explicado por el fiscal Domínguez en el expediente judicial, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.

Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, está prófugo desde el 24 de julio de 2020.

A fines de enero pasado, Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a un eslabón esencial de la organización: el sargento de la policía bonaerense Baeta. Fue considerado como organizador de la banda.

Estuvo más de cinco meses prófugo hasta que fue atrapado, a principios de este año, en un complejo de departamentos de Rincón de Milberg, Tigre.

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