El presidente Alberto Fernández se refirió hoy al envío al Congreso del proyecto sobre legalización del aborto y marcó diferencias con el debate de 2018, cuando finalmente la iniciativa fue rechazada en el Senado: "Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley".
El mandatario advirtió, en una entrevista radial con Futurock, que lo busca la iniciativa no es hacer obligatoria la práctica "sino garantizar la vida de la mujer que enfrenta un embarazo" y se mostró confiado en la aprobación porque, en una crítica directa a su antecesor Mauricio Macri, "esta vez no habrá un presidente llamando a un gobernador para que sus senadores voten en contra", declaró.
"Entiendo que estamos en condiciones de que esto se convierta en ley. La diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, me siento el primer abanderado de este reclamo", agregó en ese sentido y afirmó:
"Que el Presidente de la Nación mande un proyecto que reclame su tratamiento y aprobación me parece que genera un escenario un poco distinto. No es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan 'no cumplió'. Haré todos los esfuerzos para que el Congreso acompañe y que este proyecto sea ley".
Sobre la demora del envío del proyecto denunciada por algunos sectores, que pensaban que Fernández, quien ya se había mostrado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, el Presidente aseguró que la crisis sanitaria complicó el panorama y explicó: "Lo que busqué fue que afloje un poco la tensión para que eventualmente si una mujer lo necesita, no tenga que estar en el medio del estrés de una pandemia. Es lo que venimos viendo en el AMBA desde hace 12 semanas aproximadamente. Ya no tenía mucho sentido demorarlo".
El proyecto
Enviado al Congreso hace dos días, el proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además habilita la "objeción de conciencia" por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá "el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo" si el mismo "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.
También señala que la práctica deberá llevarse a cabo "en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento", asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.
LA NACIÓN
