Alrededor de 150 policías, desde las 7 de la mañana de este jueves llevan adelante un dispositivo para desalojar un campo privado a una empresa constructora, que era usado para el desarrollo de programas de horticultura, coordinados a nivel nacional y provincial. La toma del terreno se realizó el 6 de febrero pasado.

En el lugar habitan unas 40 familias que habrían cortado los alambres perimetrales para ingresar. A las 6 de la mañana, el personal policial tuvo su punto de encuentro en la Comisaría Novena, donde diagramaron la forma de trabajo y los pasos a seguir.

En el interior del predio trabajarán 8 grupos de trabajo junto a ayudantes de fiscales, a fin de desalojar unas 40 casas, tres de ellas de materiales. Para estas últimas viviendas, se usarán tres máquinas retroexcavadoras para remover los cimientos.

Al momento de avanzar hacia el lugar, un grupo de personas formó una barricada con cubiertas en desuso y las prendió fuego, pretendiendo evitar el paso de los efectivos, pero rápidamente el personal de la División Bomberos extinguió el fuego e Infantería controló la situación, disuadiendo la acción de los habitantes y vecinos del lote.

El terreno está ubicado frente al Asentamiento 20 de Septiembre, en el Lote 165 Chacra 190 -Campito Polo García-, cuenta con una extensión de 5.23 hectáreas, pertenecientes en su mayoría a una empresa constructora.

En las calles lindantes están apostados agentes del COM y Caminera, vigilando la entrada y salida de vehículos y personas para no entorpecer la diligencia judicial.

Como en la jornada de ayer, personal del COE y del Departamento Rural Metropolitana custodian el perímetro interno mientras que personal de Drogas, Investigaciones, Prensa y Comunicación Social, Infantería, Inteligencia Criminal, Bomberos, Comunicaciones e Informática, Medicina Laboral y de las Comisarías realizan sus labores.

Funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos se encuentran presentes para garantizar la legalidad del acto judicial, como también el subsecretario de Abordaje Territorial, Gustavo Olivello, asistentes sociales de la Línea 102 y una cuadrilla de la empresa Secheep.

Interviene la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la doctora, Ana González de Pacce.


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