José Giuggia, especialista en integración e Inclusión Social  Educativa – Discapacidad, analizó el Decreto 698/2017, sobre la creación  de la  Agencia Nacional de Discapacidad , que asumirá las funciones que hasta hoy desempeñaba la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Según él, la iniciativa tiene algunas falencias que incluso hasta la hacen inconstitucional.

El especialista enumeró algunas:

I.- Se dictó sin la participación de la sociedad civil: no fueron consultados ni el Comité Asesor de la CONADIS, ni el Comité Ejecutivos del Consejo Federal de Discapacidad. Argentina.(COFEDIS).

Tampoco participaron organizaciones de personas con discapacidad: Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes  FAICA Asociación  Sordomudos de Ayuda Mutua ASAM. APAdeA – Asociación Argentina de Padres de Autistas. Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) . APEBI – Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia

II.- No incluye la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

III.- No hay referencias a la administración de las leyes 22.431, 24.901 y 25.730 y la participación de la sociedad civil en la misma.

IV.- Dentro de los diez días de sancionado, el decreto debe ser aprobado por la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO – LEY 26122.

Artículo 33:  Convención Internacional, de los derechos de las personas con discapacidad.

Aplicación y seguimiento nacionales

  1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
  2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción, de los derechos humanos.
  3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
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