Por Vidal Mario* - En 1999, setenta y cinco años después de la masacre de Napalpí, me tocó en suerte concretar en el Archivo del Poder Judicial del Chaco un descubrimiento trascendental: el expediente Nº 910/24 caratulado “Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí”, que se abrió inmediatamente después de producido ese asesinato colectivo de aborígenes chaqueños.

Publiqué los pormenores de su contenido en el diario Norte, bajo el título “Napalpí, el último malón del Chaco: 75 años después se revela el sumario a los policías que reprimieron a los indios”.

Fue para mí un hallazgo muy oportuno e importante en razón de que dicho documento judicial venía a confirmar todo cuanto detalladamente yo había expuesto un año atrás en mi libro Napalpí, la herida abierta, que presenté el viernes 27 de marzo de 1998 en el Centro Cultural Nordeste, dependiente de la Unne.

El expediente, de 168 hojas, contenía la declaración de ochenta policías que unánimemente dijeron lo mismo: ellos no atacaron a los indios; los indios los atacaron salvajemente a ellos.

Una vergüenza judicial  

Ese expediente fue una vergüenza judicial. Allí no había ni una sola declaración de la otra parte.

¿Qué clase de causa judicial fue ese que aceptó solamente la declaración de los asesinos?

¿No correspondía escuchar, también, el testimonio de aunque sea uno de los “ochocientos aborígenes” que supuestamente habían atacado tres veces y con ferocidad a ochenta policías?

La justicia nunca escuchó la campana indígena. Ni una sola de las hojas del voluminoso expediente fue dedicada a otros que no fueran los policías atacantes.

Por el contrario, uno a uno los represores fueron pasando por el despacho del juez Juan Sessarego para declarar que fueron atacados por un ejército de aproximadamente “ochocientos indios, sin contar la chusma”, fuertemente armados con winchesters, carabinas paraguayas, remingtons, escopetas y lanzas.

Todos declararon que padecieron tres fieros ataques. Uno puede imaginar que ello debió haber sido entonces un infierno para los policías, cuyo número dijeron no pasaba de los ochenta. Setenta, en realidad, porque diez se quedaron cuidando los caballos.

¿Qué milagroso portento hizo posible que tres sucesivos ataques de ochocientos indios armados hasta los dientes no produjeran ningún rasguño a setenta policías?

¿Cómo fue posible que los únicos daños recibidos por éstos fueran “cuatro o cinco caballos” heridos, cuando que dichos animales estaban a novecientos metros de distancia?

Afirmaron también ante el juez que los indios se mataron entre ellos y que en realidad sólo hubo cuatro muertos, todos ellos tobas que los mocovíes mantenían prisioneros.

Declararon que la huida de los aborígenes hacia los montes fue por la reacción de los tobas que los mocovíes mantenían prisioneros.

Imposible creer que ochocientos indios fuertemente armados huyeran despavoridos por los montes porque algunos tobas y mocovíes se pelearon entre ellos.

Inútil intento del fiscal  

Advirtiendo la alevosa irregularidad que rodeaba al trámite judicial, el agente fiscal Jerónimo Cello elevó al magistrado que “investigaba” la causa ésta nota:

“Me dirijo a usted en relación al expediente 910/24 solicitándole que no proceda a cerrar el mismo por lo inconveniente que ello resultaría en un asunto como el que nos ocupa, cuya gravedad ha llamado la atención del país.

No deben declarar sólo los comisarios y oficiales de policía cuando en autos consta de manera clara que en el hecho intervinieron además otros agentes y un gran número de particulares.

También, en forma expresa, solicito que se cite a declarar a los aborígenes prisioneros”.

Era preciso sacar del medio al molesto fiscal. Extrañamente, detectaron que el mismo reunía “méritos suficientes” para ser ascendido y enviado a Paraná, Entre Ríos.

En una muy poco amable notificación que le mandó el juez Juan Sessarego, le dijo:

“En cumplimiento de la Acordada 29/24 le notifico que ha sido ascendido al nuevo cargo creado de Fiscal de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a donde se debe trasladar de inmediato para asumir dentro de los quince días de notificado de la presente.

Cesa su intervención en todas las causas a mi cargo en este Juzgado Nacional Letrado”.

El 1 de diciembre de 1924, Sessarego dictó sentencia:

“Se encuentra probado que el cuerpo de la Policía de Territorios fue forzado a entrar en combate en defensa propia, sufriendo heridos entre la tropa. Por ello, resuelvo: archívese sin más trámite la presente causa, ante la inexistencia de delito”.

Con el traslado del fiscal Cello a Entre Ríos, quedó despejado el camino hacia la impunidad judicial. Una vergonzosa impunidad que continúa hasta el día de hoy.

Porque, aunque se quiera hacer creer a la sociedad que los descendientes de las víctimas ya han recibido la debida reparación histórica, la verdad es que a cien años de la masacre tales reparaciones aún no han llegado.

*(Autor de cinco libros sobre la masacre de Napalpí)


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