La Defensoría de la Nación informó que partir de una acción de habeas corpus impulsada por la defensa pública oficial a favor de las personas detenidas en la cárcel de Bower que desarrollan una actividad laboral, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que reciban una remuneración por su trabajo.
La defensora pública oficial, ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, María Mercedes Crespi, denunció que el Servicio Penitenciario de Córdoba no provee a los detenidos federales el derecho a trabajar.
Dijo que del total de los detenidos que logran acceder a un trabajo, más del 60 por ciento no recibe remuneración alguna. La defensora explicó que "los penitenciarios de Córdoba han creado una categoría de trabajadores en calidad de voluntarios que no se encuentra prevista normativamente".
También señaló que "la remuneración que recibe el reducido grupo de trabajadores rentados es irrisoria y no cumple con los estándares internacionales respecto de las personas privadas de su libertad". Además, la defensora afirmó que durante sus visitas a la cárcel recibió reclamos de los defendidos porque trabajaban sin recibir remuneración por sus tareas.
Como era de esperarse, los primeros comentarios provenientes de las redes sociales expresaron su repudio a la medida adoptada por la Justicia, considerándola inclusive una burla hacia el resto de la población.
