Una investigación del Fiscal Federal Guillermo Marijuan determinó que en los últimos 14 años desde 2009 a 2023 el Estado derivó subsidios millonarios a, por lo menos, a 211.977 personas que salieron del país” en cruceros, barcos, aviones, micros y autos “mientras percibían un beneficio estatal”.

De ese total, 159.919 corresponden al período 2020-2023. Y reciben, todos los meses -a valor de octubre- $66.000, esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, por cuatro horas de labores que realizan en una Unidad de Gestión.

Esta puede depender de las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales, intendencias, gobernaciones ONG y hasta iglesias.

El cálculo del fiscal es directo y cruel. El Estado “debe disponer de un total de $10.554.654.000 mensual.

Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, destaca el fiscal en su investigación.

Si se convierte esa cifra multimillonaria a dólares, tomado el cambio oficial del Banco Nación de $365,50; el valor mensual que el gobierno de Alberto Fernández destina a beneficiarios del plan social que no deberían cobrarlo es de USD 28.877.302. Valor que anualizado se eleva a USD 346.527.627.

Para Marijuan, la inequidad de destinar miles de millones de pesos a personas que no serían vulnerables, y dejar fuera del plan porque no es universal a quienes sí lo necesitan, se debe a “la falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas”.

Para el fiscal esto “demuestra un desprecio absoluto por parte de los funcionarios púbicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional”. Y recordó que: “Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”.

Desde el 13 de octubre de 2023, al frente de la cartera social se desempeña la contadora pública Victoria Tolosa Paz. Reemplazo a Juan “Juanchi” Zabaleta quien ocupó ese cargo en lugar de Daniel Arroyo.

El 16 de junio de 2020, el actual diputado nacional fue quien lanzo el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, al unificar iniciativas previas como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario.

Hasta ese momento 580.000 personas eran beneficiarios de esos dos programas. En la actualidad la nómina del Potenciar Trabajo supera el 1.200.000 de trabajadoras y trabajadores.

El Potenciar Trabajo es administrado desde la Secretaría de Economía Social. Desde el 10 de diciembre de 2019, fecha en que asumió como Presidente Alberto Fernández, a cargo de esa repartición se encuentra Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, la mayor organización oficialista.

En el Ministerio de Desarrollo Social se escuchan dos frases sobre el referente social. “Cuando llegó Arroyo, Pérsico ya era parte del mobiliario” y “Los ministros pasan, Pésico se queda”.

Cruceros y aviones

Para el fiscal Marijuan, Tolosa Paz, Zabaleta, Arroyo y Pérsico son los funcionarios responsables de que el Estado derive de manera irregular fondos públicos a personas que no se encuentran “en alto riesgo o estado de vulnerabilidad social”, como exigen las normativas dictadas por el mismo Ministerio.

Fue por esa razón que solicitó la baja de 159.919 inscriptos. Todos ellos, según investigación fiscal “realizaron viajes al exterior a través de cruceros; vía aérea; mediante embarcaciones; a través de ómnibus y de forma particular por auto”.

De esa totalidad, Tolosa Paz solo dio de baja a 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo.

Por esa razón, y a través de un escrito judicial Marijuan le dijo a la funcionaria: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.

Si bien el fiscal hace hincapié en “la falta absoluta de controles” por parte de la cartera social en el Potenciar Trabajo, en su denuncia describió que los entrecruzamientos realizados por Migraciones y otros organismos entre los beneficiarios de planes y las salidas al exterior de estos mostraron incompatibilidades también en “otros planes sociales” a lo largo de los últimos 14 años.

“Desde el año 2009 hasta la actualidad, luego de efectuar un análisis de los datos aportados por los organismos públicos involucrados, se pudo determinar que 1.458.217 movimientos migratorios correspondían a 211.977 personas que salieron del país mientras, como dije, percibían un beneficio estatal”.

A lo largo de esos 14 años el país fue gobernado por Cristina Fernández de KirchnerMauricio Macri y hasta el 10 de diciembre próximo, Alberto Fernández. Las “altas y bajas” de esos programas sociales estuvieron a cargo los ministros de Desarrollo Social Alicia KirchnerCarolina Stanley, los ya mencionados Arroyo, Zabaleta y Tolosa Paz.

Marijuan aclaró que de esas 211.977 personas 159.919 eran titulares del Potenciar Trabajo y “reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”.

Tolosa Paz reconoció que, se detectaron viajes a “Alemania, España, Francia, Holanda, Panamá, México, países árabes, Qatar y a Cuba”.

Sobre este tema el fiscal Marijuan fue determinante al pedirle a la ministra de Alberto Fernández que de manera inmediata efectivice las bajas de esas casi 160 mil personas que no cumplen con los requisitos para acceder al plan como “encontrarse en alto riesgo o estado de vulnerabilidad” y aclara que “se considera que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social y económica aquellos trabajadores de la economía popular que carecen de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de sus familias y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inserción en el mercado laboral y su integración social”.

“En ese sentido -puntualiza Marijuan- se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”.

A renglón seguido el fiscal afirma que: “Asimismo, resulta evidente que las autoridades de aplicación del Programa Potenciar Trabajo han omitido sistemáticamente efectuar los controles que les competen, propiciando que miles de personas siguieran cobrando un beneficio destinado a los más necesitados mientras viajaban al exterior, circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.

En este punto Guillermo Marijuan recuerda que la administración de Alberto Fernández estaría girando de forma irregular más de diez mil millones de pesos mensuales a personas que no deberían recibir ese beneficio.

Como contrapartida hay miles de personas vulnerables, como Juan Manuel y María, que no percibe un plan social, que no viajan el exterior porque apenas le alcanza el dinero para viajar de La Matanza a Flores y que almuerzan un tomate machucado sentados en un escalón del subte.

Fuente: Infobae


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