Acusado de lavado de dinero, mal desempeño de sus funciones, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, abuso de autoridad, prevaricato y cohecho, desde las 10 de la mañana el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento enfrentará el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que podría separarlo de sus funciones.
Mientras tanto, en Mendoza continúa el juicio penal en su contra por los mismos hechos. La hipótesis de los fiscales María Gloria André y Dante Vega es que el magistrado lideraba una banda que cobraba coimas a imputados y presos a cambio de beneficios procesales.
El debate oral, que comenzó el pasado 26 de julio, está cargado de acusaciones cruzadas y denuncias por irregularidades. Entre ellas, aprietes a imputados, intencionalidad política del fiscal y persecución al magistrado y su familia, que también está sentada en el banquillo junto a otros 28 acusados más.
El juez Federal con competencia electoral de esa provincia Walter Bento fue suspendido en sus funciones el pasado 31 de mayo por el Consejo tras haber sido procesado con prisión preventiva por asociación ilícita por quince casos de cohecho.
Por sus fueros no fue detenido, condición que podría revertirse en caso de ser destituido.
Según la acusación, Bento lideraba una asociación ilícita que beneficiaba a imputados por narcotráfico y contrabando a cambio de sumas millonarias de dinero.
La hipótesis incluye un supuesto nexo de la banda delictiva con Diego Aliaga, el despachante de aduanas asesinado en julio del año 2020. El crimen fue la punta del ovillo del caso.
Testigos, aprietes y política
El juicio penal no está exento de escándalos y denuncias cruzadas contra el fiscal Vega. La esposa de Bento, Marta Boiza, declaró en calidad de imputada y acusó a Vega de hostigamiento y discriminación. Sus dos hijos, Luciano y Nahuel también están imputados.
Los cuatro integran el Poder Judicial de Mendoza y fueron cesanteados en sus cargos, sin goce de sueldo.
El tercer hijo de la pareja es discapacitado y el fiscal Vega se refirió a él como “retrasado mental”. “Han sido demasiadas cosas para nosotros. Esto ya excede lo que estamos sufriendo. Como madre… las palabras con las que se refirieron a mi hijo. Yo tengo un hijo con capacidades diferentes, no tengo un hijo “retrasado mental” como dijo él. Es muy duro. Esta gente no para de hacer daño.”, expresó.
Ante la consulta de Ámbito, el abogado de Bento, Mariano Fragueiro Frías sostuvo que hasta el momento todos los testigos propuestos por el Ministerio Público beneficiaron a su cliente y que ninguno dijo en forma directa haber pagado sobornos.
“Hay solo testigos de oídas, ninguno directo. Es un disparate todo. En el juicio oral está quedando claro que están declarando a favor de Bento. Esto es un escándalo”, aseguró.
¿Y por qué habría animosidad en contra de Bento?, preguntó este diario. “Vega quizás quiere ser procurador y cree que este juicio puede ser un trampolín a eso”, sostuvo Fragueiro.
“Sin embargo, hay quince hechos de coimas que se le imputan a Bento”, recordó Ámbito.
“En su descargo respecto del primer hecho que se le imputa, el juez Bento demostró no solo no haber beneficiado a nadie, sino que por el contrario habría sido el fiscal Dante Vega quien persiguió el beneficio de eximición de prisión para ese imputado, mientras fue defendido por los ex socios del fiscal.
Esta semana (por la anterior) se generó un escándalo en la sala, cuando salió a la luz que el domicilio fiscal del representante del Ministerio Público era en el estudio de esos mismos abogados defensores”.
Al momento de ser indagados, varios de los imputados denunciaron “aprietes” para que complicaran la situación del juez, que incluyeron condiciones inhumanas de detención: “Me decían por qué no declarás lo que quiere escuchar el fiscal y te vas a tu casa”, dijo el abogado Eugenio Nasi durante su indagatoria.
Los letrados Jaime Alba, Nasi y Francisco Álvarez fueron los tres imputados que denunciaron presiones y malos tratos mientras estaban detenidos en la Unidad 32 de Mendoza.
Al momento de sus indagatorias negaron que Bento alguna vez les hubiera otorgado beneficios para sus clientes a cambio de dinero.
Alba declaró que llevó adelante diecisiete causas entre los años 2007 y 2021 en el juzgado de Bento, pero “siempre me fue mal”. Y, si bien admitió tener relación con Aliaga, insistió en desvincular a Bento al afirmar que el despachante de aduanas solo “les sacaba plata a los perejiles”.
Al mismo tiempo, todos los imputados coincidieron en acusar al fiscal Vega como parte del supuesto sistema de protección. Algunos de ellos, incluso, afirmaron que era él quien tenía lazos con Aliaga y dos de los imputados.
En tanto, uno de los testigos que debilitó la acusación fue Carlos Varela Álvarez, integrante de Amnistía Internacional y abogado que litigó en el juzgado de Bento. Ante la consulta sobre el cobro de coimas respondió:
“No, nunca tuve esa información y lo dije cuando declaré, ni sobre los abogados, ni sobre el juez”. Y agregó: “normalmente resolvieron como tenían que resolver”.
El nivel de tensión durante las audiencias se elevó a tal punto que el Tribunal, compuesto por las juezas Carolina Pereira, Gretel Diamante y Eliana Rattá, les prohibió a los tres acusados y al defensor de Bento mirar al fiscal Vega. Medida que generó un clima aún más enrarecido en el juicio.
El jury
El Jurado de Enjuiciamiento que entrará en escena este lunes a las 10 AM está integrado por siete miembros elegidos por sorteo. Los integrantes son los jueces Javier Leal de Ibarra y Javier de la Fuente; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Romero (PRO); y el abogado Alfredo Barrau.
Por parte del Consejo de la Magistratura sostendrán la acusación Miguel Piedecasas, del estamento de los abogados; Eduardo Vischi (Senador UCR) y Roxana Reyes (Diputada UCR).
El expediente que lo envió a Jury fue votado en la comisión de acusación y aprobado en el pleno por unanimidad y una vez que finalicen las audiencias, que podrían extenderse por unas tres semanas, se dictaminará si es apartado o no de su cargo.
El último juez desplazado por el Consejo de la Magistratura fue Eduardo Freiler en el año 2017, a expensas del gobierno de Mauricio Macri y en un contexto de persecución a funcionarios judiciales que no fallaban de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo de entonces.
La defensa de Bento adelantó que el juez va a declarar y a responder preguntas tanto en el juicio penal en Mendoza cuanto en el Jury que comienza hoy.