La doctora Valeria Corbacho, defensora del secretario federal Pablo Molina, (hoy detenido en la causa Sapucay), presentó una denuncia contra los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, por varias irregularidades que presenta la investigación contra su cliente.

Mediante una conferencia de prensa, la abogada aseguró que algunas de estas irregularidades pueden ser susceptibles de “comisión de delitos de acción pública”, por parte de los fiscales y también del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, (Procunar), Diego Iglesias.

“Hemos denunciado un hecho de gravísima magnitud: como es la grabación ilegal en la sede de la Fiscalía Federal por parte de los dos fiscales federales, a un abogado defensor hablando de sus defendidos sobre causas en la que los mismos fiscales intervienen”, aseguró Corbacho.

También lamentó que Molina está detenido en la unidad 31 del Sistema Penitenciario Federal de Ezeiza.

Comentó que la imputación por la que está preso tiene que ver con “un paquete” que le fue entregado al doctor Torres del Juzgado Federal 12 y al doctor Stornelli de la fiscalía Nº 4, por parte de los fiscales Ferrini y Shaefer con la colaboración de la Procunar en el marco de un legajo que se forma a partir de la causa Sapucay.

Desde ese legajo se comienza a investigar supuestas irregularidades de expedientes tramitados en el Juzgado Federal 1 de Corrientes donde supuestamente se cobraban dádivas para hacer o no hacer favores a imputados de causas investigadas allí.

“Esto lo sostienen a partir del análisis de esos expedientes y a partir de escuchas telefónicas de los imputados entre sí y con sus abogados. Cuando uno toma la defensa y empieza a revisar esas pruebas, se da cuenta que esto no es como lo presentan estos acusadores porque vemos los expedientes, transcripciones de esas escuchas y observamos que esos expedientes están llevados en legal forma y también vemos las transcripciones, pero no me voy a quedar nada más con esas transcripciones” advirtió Corbacho.

Y comentó que incluso estas resoluciones que cuestionan los fiscales, algunas exenciones de prisiones, excarcelaciones y faltas de mérito, fueron consentidas por ellos, “que no apelaron dichos fallos en su momento. Cuando notifico a un fiscal y ese fiscal no hace nada, significa que consiente la resolución”, remarcó.

De hecho, estos mismos expedientes han sido utilizados como precedentes para otros fallos y causas.

Con relación a las escuchas, “en ninguna van a oír la voz del juez, ni la de Pablo Molina hablando con ninguno de los imputados o abogados. Esta defensa no va a quedarse quieta, no se va a conformar con la lectura de las transcripciones, porque es de conocimiento de los denunciantes que hay involucrados en la causa Sapucay, de las fuerzas de seguridad que liberaban la zona y nos obstante ello, consintieron seguir trabajando en la transcripción de las escuchas con esa misma fuerza de seguridad” cuestionó.

Ella entiende que esta investigación que tiene detenido a su defendido, “excede la búsqueda de la verdad y excede cuestiones vinculadas estrictamente con la Justicia”.

 


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