Brasil: Bolsonaro busca ahorrar u$s300 M con su nueva reforma de jubilaciones

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El presidente Jair Bolsonaro presentó ayer en el Congreso el mayor objetivo económico de su gestión, un proyecto de reforma previsional que obliga a los brasileños a aportar 40 años para ganar la jubilación integral, abre la puerta a un régimen de capitalización como las AFJP y excluye por ahora a los militares, que forman parte de ala más poderosa del Gobierno.
Con este proyecto, que reduce las contribuciones previsionales de los asalariados con menores ingresos, Bolsonaro espera ganar la confianza del mercado financiero en su cruzada por reducir el déficit fiscal y en medio de una crisis política tras haber echado al secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno.
“La reforma apunta al equilibrio y a eliminar privilegios”, dijo Bruno Bianco, secretario especial de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, al comentar que el objetivo del gobierno es reducir los beneficios del sector público.

El proyecto es obra del financista Paulo Guedes, un economista ortodoxo que se lo presentó a Bolsonaro en la campaña para transformarse en el ministro de Economía con anuencia del mercado financiero.

El cambio principal es que habrá por primera vez tope de edad, 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, contra el régimen actual que es por tiempo de aportes y no por edad.

La propuesta determina además que los brasileños que quieran jubilarse con una pensión completa deberán contribuir durante 40 años con el sistema y aumenta de 15 a 20 años el tiempo de contribución para recibir el beneficio mínimo.

El equipo económico de Bolsonaro proyecta un ahorro en la próxima década de 1,16 billones de reales (más de 300.000 millones de dólares).

Para implementar el sistema, deberá haber 12 años de transición entre el actual y el nuevo, además de una serie de cambios sobre todo para los empleados públicos, que ya amenazaron con protestas para defender los derechos adquiridos.

Actualmente, en la administración pública es posible retirarse a los 50 ó 55 años, dependiendo de los años de aportes.

El tema de los militares “quedó para un segundo momento”, dijo Bianco, dejando en claro que el de los beneficios de los militares retirados es un tema que puede causar conflictos en un gobierno con ocho ministros provenientes de las Fuerzas Armadas, además del actual Presidente y excapitán Bolsonaro y el general vicepresidente Hamilton Mourao.

La reforma necesita de un gran esfuerzo de negociación del gobierno ya que se trata de una enmienda constitucional y requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos en Diputados y en el Senado.

Bolsonaro llegó ayer por la mañana al Congreso para presentar el proyecto al titular de Diputados, Rodrigo Maia.

En una reunión privada, admitió “haberse equivocado” cuando se opuso, por calificar de miserable, una reforma similar presentada en 2017 por el gobierno de Michel Temer, según contó el jefe del bloque del Movimiento de la Demo- cracia Brasileña, Baleia Rossi.

El gobierno espera reducir el déficit fiscal con la reforma, en línea con estimaciones del ministro de Economía de que en la próxima década el Estado no tendrá fondos para seguir funcionando como hasta ahora.

También responde al reclamo de los bancos de instaurar un sistema de capitalización optativo para cada trabajador, una propuesta de Guedes, quien reivindica el modelo en este plano de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, para la cual trabajó.

Con esta propuesta, Bolsonaro busca recuperar oxígeno político luego de haber echado del gobierno a Bebbiano, su ex coordinador de campaña, por un escándalo por el desvío de fondos públicos.

El gobierno dice que es necesario reformar el sistema previsional porque la población ha envejecido y la presión sobre las arcas públicas ya no se puede sostener. En 2015, cada 100 personas en edad activa, había 11,5 jubilados, mientras que para 2060 esa relación será de 44,4, de acuerdo con proyecciones del Ministerio de Economía.

“Todavía no da para evaluar si la propuesta es positiva o no. Se trata del inicio de las discusiones”, afirmó Alex Agostini, economista de la consultora Austin Rating. “Recordemos que una cosa es la lógica económica, otra es la lógica política. Hay que ver cómo el Congreso recibirá la propuesta. Difícilmente el gobierno logrará preservarla integralmente”, añadió.

La consultora británica Capital Economics coincidió en que se trata de un plan “ambicioso”, pero advirtió que “los antecedentes sugieren que el proceso legislativo podría tomar tiempo” y que al final, el proyecto podría salir “diluido” respecto a su formato actual.