“Toda discusión salarial debe incluir necesariamente la tolerancia y la prudencia que impone el actual contexto económico y presupuestario de la Provincia”, aseveró la diputada provincial Beatriz Bogado, titular de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, tras recibir a representantes de las tres organizaciones gremiales de la Justicia. “Por eso es tan valorable el gesto del Sindicato de Empleados Judiciales que levantó las medidas de fuerza como factor de apoyo al diálogo y a la búsqueda de consensos”, remarcó la legisladora. “Lo que se resuelva estará condicionado directamente con la manera cómo se resuelva y en cuánto nos afecte a la Coparticipación Federal, la discusión por el Fondo del Conurbano Bonaerense”, puntualizó como ejemplo.

En declaraciones periodísticas, la diputada Bogado expresó: “Nosotros planteamos la reunión para que, desde las tres entidades, la Asociación Judicial del Chaco, la Unión de Trabajadores Judiciales y el Sindicato de Empleados Judiciales, pudiéramos conocer opiniones sobre un proyecto de ley que apunta a elevar el porcentaje de aumento salarial otorgado al Poder Judicial a fin de equipararlos con el otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Como era esperable, todos los sindicatos avalan la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que reclama un 21% de incremento salarial. Nosotros, a partir de lo conversado con los distintos sectores, elevamos un pedido de informe al Ministerio de Hacienda en función de la factibilidad presupuestaria para una norma tal como lo reclama el sector judicial en pleno”.

“De todos modos – profundizó – creo que debe entenderse cabalmente el contexto local y nacional en el cual se está dando esta discusión. Cualquier decisión que pueda tomar la Provincia en compromisos salariales está directamente subordinada a cuál sea el final de la discusión que mantienen el Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el resto de los estados federales por el reclamo del porcentaje por el Fondo del Conurbano, que en el caso de darse tal y como lo pide la gobernadora Vidal puede generar un detrimento de más de 50.000 millones de pesos en la masa de recursos coparticipables. Este escenario debe incluir las perspectivas de lo que pueda pasar con la discusión de los aportes que genera la ley del impuesto al cheque que también es parte de la agenda de urgencias entre gobernadores de todo el país”.

Sobre esa base, Bogado destacó: “La decisión del Sindicato de Empleados Judiciales, a través de Graciela Aranda, confirmó que han levantado los paros, a partir del ingreso de este proyecto de ley y como una medida de búsqueda de consenso. Lamentablemente las otras dos organizaciones no entendieron de igual manera y anticiparon que estarían dispuestos continuar con medidas de fuerza. Personalmente creo que acá la tolerancia debe mostrarnos la totalidad de los factores que están en danza, porque las medidas que están en estudio en la Suprema Corte de Justicia pueden provocar una reducción de hasta 3.300 millones de pesos mensuales para el Chaco, según los cálculos iniciales”.

Finalmente, la diputada Bogado recordó que “este mes es muy importante porque se presentará, como determina la Constitución, el proyecto de Ley de presupuesto provincial para todo el 2018, y allí también iremos viendo las previsiones de los distintos organismos que hacen a la vida del Estado chaqueño. Además, nosotros ya hemos aprobado un Presupuesto para el presente año con un déficit que debe ser tenido en cuenta en las actuales conversaciones”.


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